La actualización del catastro bajará el recibo del IBI en 26 municipios de la provincia.

Si es dueño de un inmueble (vivienda, local o un terreno) en Nerja, Benahavís, Fuente de Piedra, Alcaucín o Periana puede hacerse a la idea de que este 2018 va a pagar más en el recibo del IBI. En cambio, si la propiedad se encuentra en grandes localidades como Marbella y Benalmádena o en otros 24 pequeños municipios de la provincia como Colmenar, Riogordo o Manilva está de enhorabuena ya que verá aliviada la presión fiscal ligada al ámbito inmobiliario. Eso sí, después de años sufriendo los efectos del ‘catastrazo’ al acometerse la última revisión de los valores catastrales hace una década, en pleno ‘boom’ del ladrillo. Lo pagado en los últimos ejercicios pagado queda, pero 2018 ha traído consigo una rebaja del catastro en 26 municipios malagueños, lo que redundará positivamente en el bolsillo de sus vecinos en forma de menores cuotas de tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la plusvalía municipal, que se paga cuando se vende un inmueble o cuando se recibe en herencia o donación.

Esta rebaja es consecuencia de los coeficientes correctores aprobados por el último Consejo de Ministros de 2017 para los 31 ayuntamientos de la provincia que lo habían solicitado o que les tocaba hacerlo para ajustar sus ponencias a los precios de mercado. La medida afecta a la base imponible del impuesto, pero puede verse alterada para bien o para mal en función del tipo de gravamen que el ayuntamiento de turno fije posteriormente en cada tributo. Si en suelo malagueño son mayoría las revisiones a la baja, en el conjunto del país el panorama es radicalmente opuesto: sube en 1.296 y baja en 535.

Otros impuestos

En este sentido, cabe reseñar que además de sus efectos en la tributación municipal, el valor catastral también se utiliza para gravar la propiedad en impuestos estatales (IRPF y Patrimonio) y autonómicos (Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales). Pero hay más, ya que además de su finalidad fiscal, la información del catastro inmobiliario también se tiene en cuenta en procesos de concesión de diversas ayudas públicas tales como acceso a vivienda protegida, becas de estudios, subvenciones de comedores sociales, acceso a residencias para la tercera edad o incluso para acogerse a la justicia gratuita.

De los 31 municipios afectados este año, los cinco que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 verán incrementada la valoración de los inmuebles con un coeficiente que oscila entre el 3% de Nerja, donde la última revisión se acometió en 2003, y el 5% de Benahavís, que no había tocado su ponencia desde 1996. Es decir, que a más años transcurridos mayor será el incremento del valor del inmueble.

El valor catastral sirve de referencia para tributar y para acceder a ayudas públicas

Por el contrario, los 26 municipios que actualizaron sus datos entre 2005 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria, verán ahora reducido el valor de los inmuebles. En este lote destacan, por el número de propiedades, Marbella y Benalmádena. En la primera localidad, el coeficiente corrector que se aplicará este año a las cifras vigentes desde 2012 es del 0,91; es decir, un 9% menos, después de que el Ayuntamiento solicitara a la Dirección General del Catastro la revisión de sus valores. El ahorro en el bolsillo de los marbellíes únicamente vía IBI se estima en cuatro millones de euros. A modo de ejemplo, una vivienda valorada en 2012 en 100.000 euros pasaría ahora a constar en el Catastro en 91.000, y ésta sería la cifra que la Administración tomaría como referencia para calcular la base imponible de cada tributo. En el caso de Benalmádena, la reducción es del 4%, al igual que en la mayoría de localidades incluidas en el decreto del Gobierno al datar sus ponencias en el periodo 2005-2010.

Por regla general, los ayuntamientos están obligados a actualizar sus valores catastrales cada diez años, aunque en la práctica rara vez es así a pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene potestad para hacerlo de oficio o para forzar a aquellos acogidos a programas de apoyo a entidades con problemas financieros. Además, los municipios también tienen en su mano solicitar una revisión, siempre que lo hagan antes del 31 de mayo de cada año y siempre que se cumplan dos requisitos: que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del anterior procedimiento de valoración colectiva (en este caso, antes de 2013) y que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los precios de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores.