El Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril autorizó a los consistorios a realizar este tipo de operaciones con el objetivo de favorecer la actividad económica de las empresas y autónomos y contribuir a solventar los problemas de liquidez de estas administraciones.
Un total de 18 municipios de la provincia de Málaga y la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía se han acogido a la medida puesta en marcha por el Gobierno central para el pago de facturas pendientes con empresas y autónomos.
Así, estas administraciones han concertado operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con proveedores. Así, el total concertado en la provincia asciende a un total de 55.506.762,4 millones de euros.
En el conjunto de España las operaciones concertadas afectan a 438 entidades locales, según informó la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un comunicado.
El Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril autorizó a los consistorios y otras entidades locales a realizar este tipo de operaciones con el objetivo de favorecer la actividad económica de las empresas y autónomos y contribuir a solventar los problemas de liquidez de estas administraciones al facilitar el pago de las deudas pendientes.
El municipio malagueño de Torremolinos es el que ha concertado las operaciones de endeudamiento más elevadas, con 13 millones; seguido de Nerja, con 8,5; Torrox (7,7 millones); Antequera (2,4 millones), Alozaina (1,1 millones). El resto son Álora, Benalmádena, Canillas de Aceituno, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Coín, Cútar, Mijas, Pizarra, Rincón de la Victoria, Riogordo y Viñuela.
Las operaciones de endeudamiento bancario que se han aprobado debían tener un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia, y desde la concertación de la operación las entidades locales disponían de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.
El plazo para concertar la operación era de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, lo que permitía establecer un periodo máximo de cuatro meses para la ejecución de la medida. Los ayuntamientos también tuvieron que aprobar un plan de saneamiento por el mismo periodo al de la operación financiera, así como presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
Así, estas administraciones han concertado operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con proveedores. Así, el total concertado en la provincia asciende a un total de 55.506.762,4 millones de euros.
En el conjunto de España las operaciones concertadas afectan a 438 entidades locales, según informó la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un comunicado.
El Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril autorizó a los consistorios y otras entidades locales a realizar este tipo de operaciones con el objetivo de favorecer la actividad económica de las empresas y autónomos y contribuir a solventar los problemas de liquidez de estas administraciones al facilitar el pago de las deudas pendientes.
El municipio malagueño de Torremolinos es el que ha concertado las operaciones de endeudamiento más elevadas, con 13 millones; seguido de Nerja, con 8,5; Torrox (7,7 millones); Antequera (2,4 millones), Alozaina (1,1 millones). El resto son Álora, Benalmádena, Canillas de Aceituno, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Coín, Cútar, Mijas, Pizarra, Rincón de la Victoria, Riogordo y Viñuela.
Las operaciones de endeudamiento bancario que se han aprobado debían tener un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia, y desde la concertación de la operación las entidades locales disponían de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.
El plazo para concertar la operación era de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, lo que permitía establecer un periodo máximo de cuatro meses para la ejecución de la medida. Los ayuntamientos también tuvieron que aprobar un plan de saneamiento por el mismo periodo al de la operación financiera, así como presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
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